Con ello el país se suma a las iniciativas que han impulsado y ejecutado Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina, México y Paraguay, que han avanzado en sus propias estrategias

El Gobierno de Panamá acelera la estrategia para la movilidad eléctrica como parte de la Agenda de Transición Energética, de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en particular el ODS 7) de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París.

Y es que a menos de un mes de que entrara en vigor la Ley N° 295 del lunes 25 de abril de 2022, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre, recientemente se publicó en la Gaceta Oficial Digital No. 29723-B el Decreto Ejecutivo N° 51, del 15 de febrero de 2023, que reglamenta la citada normativa.

Con esta ley y reglamentación, Panamá se suma a otros países y ciudades de la región que cuentan con política pública y marco legal para orientar y estimular el desarrollo de la movilidad eléctrica de diversas formas.

Países como Colombia y Costa Rica, por ejemplo, tienen leyes integrales de movilidad eléctrica vigentes y hay otros con iniciativas en marcha para la formulación de instrumentos legales similares.

También existe un grupo más amplio de países con instrumentos legales o regulatorios parciales; algunos brindan incentivos fiscales y no fiscales, otros regulan la eficiencia del parque automotor y fomentan el desarrollo de industrias y emprendimientos asociados a la movilidad eléctrica.

Por otro lado, países como Chile, Argentina, México y Paraguay también han avanzado en sus propias estrategias, según datos del reporte ‘Movilidad eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y oportunidades para la colaboración regional 2019’, desarrollado por la plataforma MOVE de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) para América Latina y el Caribe.

Regulación de la movilidad eléctrica

El Decreto Ejecutivo No. 51 que reglamenta la movilidad eléctrica en Panamá precisa que “la Ley 295 de 2022 tiene por objeto establecer un marco normativo para el desarrollo y operación de la movilidad eléctrica en la República, para que, a través de esta política pública, se logre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción y el crecimiento de la movilidad eléctrica, y el uso de energías renovables, como herramienta de transición energética en el transporte terrestre”.

Fuente: LA ESTRELLA DE PANAMÁ